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Por: Lucas Dourojeanni

El patrullaje de territorios, así como la protección de las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, en el marco de los procesos de control y vigilancia territorial y ambiental, es una actividad de alto riesgo para quienes la realizan, en particular, cuando se llevan a cabo en zonas amenazadas por actividades ilegales.

Esta peligrosa pero necesaria tarea, es asumida por pueblos indígenas, comunidades locales e instituciones públicas y privadas con un alto compromiso por la conservación de los bosques, la protección de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente.

Hombres y mujeres a veces denominadas guardianes, defensores, monitores o vigilantes se organizan para defender sus territorios; muchas veces sin paga, sin reconocimiento social, elementos básicos de seguridad ni la protección legal requeridos para ejercer esta labor.

Los patrullajes pueden durar días o incluso semanas, exigiendo a las y los monitores dejar a sus familias y las actividades productivas que son su sustento principal. Y esto por la necesidad de proteger sus territorios, bajo conocimiento pleno que existe la posibilidad de que, al salir de casa, no regresen[1].

"Esta peligrosa pero necesaria tarea, es asumida por pueblos indígenas, comunidades locales e instituciones públicas y privadas con un alto compromiso por la conservación de los bosques, la protección de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente".

Ante esto, es necesaria una respuesta concreta y efectiva de la sociedad en su conjunto, y más aún, el compromiso de los Estados con la protección de las áreas protegidas y sus guardianes.

¿Qué es y qué implican estos procesos de control y vigilancia?

El control y vigilancia del territorio se puede entender como el conjunto de actividades y tareas que ayudan a proteger un espacio determinado frente acciones que atenten su integridad, su calidad ambiental o la de sus habitantes. Estas se pueden realizar a través de puntos y puestos de control, patrullajes rutinarios o especiales, sobrevuelos, uso de drones, alertas tempranas, análisis de imágenes satelitales y/o, por lo general, una combinación de estas.

Cada uno de estos métodos de control y vigilancia tienen sus pros y contras. Sin embargo, la presencia en territorio es la forma más efectiva, no sólo por el conocimiento que los Pueblos y comunidades tienen del territorio monitoreado; sino también porque los sensores remotos[2] tienen una serie de limitaciones[3].

Dichas limitaciones obligan a los pueblos indígenas y a las comunidades a depender del patrullaje como la estrategia más efectiva de protección del territorio pero, por más preparados que estén, los expone a situaciones de violencia y otros riesgos de naturaleza personal, social y económica que pueden tener un fin trágico, ya demasiado conocido.

¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los guardianes?

Los guardianes están, en primer lugar, expuestos a los elementos naturales como el clima, la fauna local y la geografía misma que suman para generar dificultades de acceso, tiempos prolongados de salidas y problemas logísticos. En ese sentido, los monitores deben estar preparados tanto para una lluvia torrencial como para una mordida de serpiente.

Otro grupo de riesgos son aquellos impulsado por actores externos, es decir, los invasores, los taladores ilegales, los mineros informales que, con frecuencia están mejor equipados y dispuestos a actuar sin importar las consecuencias.

Por último, los guardianes se enfrentan a un tercer tipo de riesgos que no los afectan físicamente, pero si a su salud mental y a su capacidad de realizar las tareas de monitoreo de manera efectiva. Hablamos del estrés generado por las ausencias prolongadas de los monitores de sus hogares, del golpe a la economía de la familia, y a la exposición a las situaciones de riesgo que pueden ocurrir en un patrullaje.

Frente a estos riesgos, ¿qué se está haciendo?

Avances en la protección de los guardianes del bosque en América Latina

"Las y los monitores/defensores/guardianes están arriesgando sus vidas diariamente por proteger nuestros bosques y naturaleza, por lo tanto, necesitan más que acuerdos simbólicos que no llegan a ser consolidados en acciones concretas".

El principio 10

Durante la Cumbre de la Tierra (Rio de Janeiro, 1992) se aprobaron tres acuerdos de importancia

  1. Programa 21 (plan de acción global);
  2. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; y,
  3. Un conjunto de principios sobre derechos civiles y obligaciones de los Estados, así como principios relativos a los bosques[4].

Según la CEPAL, el principio 10 parte de estos acuerdos adoptados en Rio y tiene como finalidad velar por el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras[5], procurando que toda persona tenga:

  1. Acceso a la información,
  2. Participación en la toma de decisiones y
  3. Acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Posteriormente, durante la reunión de Rio +20 se expandió este concepto y se formuló la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Rio y esta, a su vez, dio pase al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (o simplemente Acuerdo de Escazú).

El Acuerdo de Escazú

El Acuerdo tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información, a la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Lo que destaca de este documento, a diferencia de otros, es que incluye disposiciones específicas para el reconocimiento de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales[6], señalando que los países garantizarán:

  1. Un entorno seguro para aquellos que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales para que actúen sin amenazas, restricciones e inseguridad;
  2. Medidas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores; y,
  3. Medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra los defensores.

El acuerdo de Escazú ha sido firmado por 21 países, entre los cuales están Brasil, Ecuador y Perú. Sin embargo, para que pueda entrar en vigor, debe ser ratificado por 11 países; y, al momento, solamente ha sido certificado por 5[7].

Procesos de defensa a nivel de países en Latinoamérica

Al nivel nacional, en cada país se han venido desarrollando, con mayor o menor grado de efectividad y participación, procesos y debates para construir normas, instrumentos o mecanismos para la defensa de los derechos de las personas y organizaciones representantes de los pueblos indígenas. En algunos casos incluso se han generado normas o protocolos para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos.

Lamentablemente, la interiorización de estos protocolos, por parte de los Estados, suele ser tardía y, por lo general, resultado de una coyuntura más que una acción de convicción y reflexión por parte de los gobiernos.

Una cosa en común, sin importar el nivel en el que fueron creadas estas normas de protección, sea en la esfera nacional, regional o internacional, es que si no se pueden aterrizar en territorio, no son más que un adorno en las bibliotecas legales.

Las y los monitores/defensores/guardianes están arriesgando sus vidas diariamente por proteger nuestros bosques y naturaleza, por lo tanto, necesitan más que acuerdos simbólicos que no llegan a ser consolidados en acciones concretas. Necesitan de una sociedad que reconozca la importancia de su trabajo en territorio y de gobiernos que garanticen su protección y seguro regreso a casa.


[1] Entre noviembre y diciembre 2019 se han registrado 3 muertes de guardianes Guajajara en las Tierras de Arariboia-Brasil.

[2] Imágenes satelitales, fotografías aéreas, lidar, radar entre otros.

[3] Temporalidad de las imágenes, resolución, acceso a las mismas, así como las condiciones climáticas y topográficas de la zona.

[4] https://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm

[5] https://observatoriop10.cepal.org/es/infografias/principio-10-la-declaracion-rio-medio-ambiente-desarrollo

[6] https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos

[7] Los cincos países que han ratificado el acuerdo son Bolivia, Guyana, San Vicente y Granadinas, Saint Kitts y Nevis, y Uruguay.