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En Brasil, antes del inicio de la pandemia de COVID-19, el gobierno brasileño había presupuestado R$ 1,43 mil millones (€ 225,115 millones) para gastos ordinarios a ser asignados por la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), dentro de la estructura del Ministerio de Salud, y R$ 495,6 millones (€ 74,463 millones) para la Fundación Nacional Indígena (Funai), cuya función institucional es proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas (PI) en Brasil. Estos recursos apoyan a 572.083 pueblos indígenas (PIs) en todo el país que viven en áreas rurales (de un total de 896.917 PIs brasileños).

Luego de que se diagnosticaron los primeros casos de COVID-19 en el país, en febrero, el Congreso aprobó recursos extraordinarios para políticas de emergencia. Entre ellos, en abril, se aprobaron R $ 18,34 millones adicionales (€ 2,75 millones) para Funai. El mayor monto para políticas de asistencia a los pueblos indígenas fue entregado al Ministerio de la Familia, la Mujer y los Derechos Humanos (MMFDH), un total de R $ 45 millones (€ 6,76 millones), a un Ministerio que no tienen el rol institucional para llevar a cabo las políticas para los pueblos indígenas, mientras que la SESAI debía mantenerse al día con la compleja asistencia con cero recursos extraordinarios.

Hivos, a través del programa Todos los Ojos en la Amazonía, publicó el informe ¡Ojo con los Recursos! : Resultados del monitoreo de la aplicación de recursos extraordinarios para combatir la pandemia de COVID-19 para los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña.


El informe presenta los resultados de un análisis de cinco meses (entre abril y agosto de 2020) de la ejecución extraordinaria del presupuesto público para combatir la pandemia de COVID-19 para los pueblos indígenas en Brasil, ejecutada por el MMFDH y por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), realizado a través de Funai. El documento también incluye el perfil de gasto con recursos presupuestarios ordinarios realizado por los 25 Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI) de la Amazonía en ese período.

En este sentido, el seguimiento presupuestario del gasto público señala los siguientes puntos destacados:

  • Existía disparidad en la distribución de los recursos públicos entre los nueve estados que componen la Cuenca Amazónica brasileña: Roraima, el estado que alberga la segunda población indígena más grande de Brasil, fue el estado que menos recursos extraordinarios recibió del MMFDH y Funai: solo R $ 632.842 (€ 95.021), lo que representa el 2,13% del monto total remitido a la Amazonía.
  • Si bien al final de este análisis tanto el MMFDH como la Funai casi habían cumplido con la entrega de las canastas de alimentos planificadas a las comunidades indígenas de la Amazonía, el informe señala un gran retraso: se planificó la entrega completa de canastas de alimentos para junio, pero la conclusión solo se registró a fines de agosto.
  • Funai ha adquirido 13 camiones del presupuesto extraordinario para sus Coordinaciones Regionales en la Amazonía: aunque existía una provisión para la adquisición de camiones para la logística de aprovisionamiento, los camiones no fueron entregados a las Coordinaciones hasta fines de agosto. Además, la adquisición de camiones representó el 11,22% del gasto total de Funai en ese período, por lo que fue una asignación de recursos relativamente alta que no se entregó para uso público durante el período más crítico de la pandemia.

Además, el objetivo de este monitoreo también fue evaluar la calidad de la transparencia de los datos disponibles para el control de la sociedad civil y el seguimiento del gasto público. En ese sentido, el informe trae sugerencias para mejorar la disponibilidad de datos, considerando que actualmente es necesario analizar miles de documentos para verificar detalles de gasto de una Coordinación Regional específica de Funai, por ejemplo (hay 25 Coordinaciones Regionales de Funai en el Amazonia brasileña).

Finalmente, el informe concluye que aunque los recursos extraordinarios aplicados por MMFDH y Funai fueron, en general, empleados para apoyar a los pueblos indígenas de la Amazonía, hubo un retraso considerable en la entrega de los suministros necesarios. 

Además, es importante resaltar que esos recursos se dirigieron solo a los pueblos indígenas que viven en áreas rurales, por lo tanto, no consideró 324,834 PIs residentes en áreas urbanas, para quienes no se promovió  asistencia pública específica (además del beneficio social general brindado a población de escasos recursos de Brasil durante la pandemia).


Descarga el informe final aquí: Relatório_final.pdf
O lee el sumario ejecutivo aquí: Sumario Ejecutivo.pdf
(En portugués)
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