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Serie de Webinars: Defender la Amazonía en tiempos de COVID-19: pueblos indígenas y estrategias colaborativas

Los defensores del medio ambiente y los derechos humanos juegan un papel vital en la protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en la región amazónica. A menudo enfrentan escenarios de alto riesgo de amenazas, violencia y asesinatos, mientras son percibidos como enemigos de poderosos intereses relacionados con la extracción de recursos naturales y proyectos de infraestructura. Además, existe una asimetría de poder entre los defensores y los pueblos que representan y luchan, y el estado, las empresas privadas e incluso los grupos armados.

En esta perspectiva, los defensores representan un poder compensatorio, vital para las democracias. Por lo tanto, los gobiernos deben implementar mecanismos de protección efectivos para garantizar condiciones mínimas de seguridad para su trabajo, además de medidas de aplicación de la ley para la protección efectiva de los territorios indígenas en la región amazónica.

El último episodio de la serie de webinars de TOA se centró en las principales acciones, desafíos, recomendaciones y recursos para la protección de los defensores de los territorios indígenas. La sesión en español del webinar (13 de mayo) fue moderada por Doris Ortiz, representante de Hivos en Ecuador, y contó con la presencia de Gregorio Mirabal, líder del pueblo indígena Curripaco en Venezuela y coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Alicia Abanto, Defensora Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas en Defensoria del Pueblo del Perú, y Ana Gabriel Zúñiga, Gerente de Desarrollo de Proyectos en Transparencia en Hivos Latinoamérica.

La sesión en portugués (14 de mayo) fue moderada por Paula Bernardi, coordinadora de Brasil del programa Todos los Ojos en la Amazonía (Hivos), y contó con la presencia de Mário Nicácio, coordinador adjunto de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), Thiago Firbida, coordinador del programa de Protección y Seguridad, Artículo 19, y Erika Yamada, directora del programa de la Fundación Ford Brasil, como panelistas.

[EN ESPAÑOL]

[EN PORTUGUÉS]

Acciones

- Monitoreo de tierras indígenas: estrategias ancestrales, como las que actualmente adoptan los "Guardianes del Bosque" - grupos comunitarios de hombres y mujeres indígenas que promueven la vigilancia y el monitoreo de sus territorios, han demostrado su eficacia para prevenir la presencia de invasores en las tierras. Además, demostraron ser aún más necesarios en los casos en que el gobierno federal se opone a la protección de los derechos indígenas, como es el caso de Brasil. Sin embargo, esta actividad representa un gran riesgo para los guardianes, debido a las grandes amenazas, la falta de equipos y una mayor exposición al riesgo de infección por COVID-19.

- Defensa internacional de la respuesta sanitaria: para denunciar violaciones y exigir respuestas gubernamentales, el movimiento indígena aplica mecanismos legales internacionales y campañas de defensa. Por ejemplo, desde la llegada de COVID-19 a la región, COICA ha estado promoviendo un fuerte trabajo de promoción con las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Iglesia Católica, los gobiernos y las Fuerzas Armadas en los 9 países de la cuenca del Amazonas, que exigen atención inmediata y acción sobre cómo COVID-19 afecta a los pueblos indígenas de manera diferente que a las poblaciones urbanas [para obtener más información, consulte los aspectos más destacados de nuestro segundo webinar]. Específicamente, COICA está pidiendo que establezcan protocolos de salud para COVID-19, que ninguno de los nueve países ha desarrollado hasta la fecha.

- Defensa nacional y acciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de políticas y leyes sobre derechos humanos: muchos gobiernos deben ratificar el Acuerdo de Escazú [ver Recursos a continuación], un tratado que promueve el acceso a la información, la participación pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que la sociedad civil y los funcionarios del gobierno creen que fortalecerá la protección de los defensores de la Amazonía; combinado con la implementación efectiva de políticas y leyes nacionales, como el Protocolo del Gobierno peruano para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos, aprobado en 2019. Además, también se están tomando iniciativas paralelas y fuertes en el movimiento indígena en colaboración con otros actores , como el diseño e implementación del Programa de Defensa de Defensores, liderado por COICA.

- Papel de los defensores públicos: En mayo de 2020, los defensores públicos de América del Sur y Central se reunieron para discutir las vulnerabilidades de los pueblos indígenas en el contexto de COVID-19 y acordaron exigir a sus respectivos gobiernos nacionales que prioricen y tengan en cuenta las vulnerabilidades específicas de los pueblos indígenas en sus respuestas de salud a la enfermedad; abrir datos sobre cómo COVID-19 está llegando a las poblaciones y territorios indígenas y promover un suministro seguro y ágil de productos alimenticios e higiénicos. Entre otras peticiones, la Defensoría del Pueblo peruano solicitó al gobierno que se asegure de que cualquier ingreso a los territorios indígenas haya sido previamente autorizado por las comunidades indígenas, siguiendo las debidas precauciones sanitarias para evitar el contagio y estableciendo un canal de comunicación con las organizaciones indígenas en el diseño de las respuestas de asistencia de salud a los pueblos indígenas, ya que son los más conscientes de las demandas y necesidades sobre el terreno.

Desafíos

- Aumento de la violencia en la Amazonía: América Latina es considerada la región más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y los derechos humanos, con las tasas más altas de asesinatos de defensores. En este escenario, se sabe que los pueblos indígenas en la Amazonía enfrentan riesgos aún mayores debido a los intereses y las presiones políticas y económicas que generalmente resultan en la promoción de actividades ilegales y extractivas en sus territorios y en la violación de sus derechos.

- Protección estatal limitada: aunque los pueblos indígenas son los principales responsables de la conservación global de la biodiversidad y los bosques, los gobiernos en general siguen sin garantizar su protección efectiva e integral, como la seguridad y protección de sus derechos sobre la tierra, así como reconocer sus contribuciones para combatir la crisis climática.

- COVID-19 - Otra amenaza poderosa: la llegada de la emergencia de salud COVID-19 ha colocado a los pueblos indígenas en una posición de doble vulnerabilidad. Los movimientos indígenas consideran que la pandemia de coronavirus es la mayor amenaza para los pueblos indígenas de la Amazonía en los últimos 50 años, ya que representa un riesgo real y poderoso para el exterminio de algunas comunidades, además de todas las demás amenazas y violaciones que enfrentan estas poblaciones. 

Recomendaciones

- Mecanismos integrales de protección: no es posible analizar violaciones en la región amazónica sin contextualizarlas dentro de las estructuras políticas y económicas que son el núcleo de las amenazas y violaciones. Asimismo, para que una estrategia de protección integral sea efectiva, debe considerar y abordar estos mecanismos estructurales relacionados con la deforestación, el acaparamiento de tierras, la minería ilegal, la ganadería, entre otras actividades económicas.

- Protección gubernamental efectiva: los Estados democráticos deben cumplir con los tratados internacionales para la protección de los pueblos indígenas y tradicionales de los que son signatarios, de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, los gobiernos tienen el deber y la responsabilidad de tener en cuenta las demandas de los defensores para su protección e implementar mecanismos que garanticen una seguridad práctica efectiva, al tiempo que abordan los intereses políticos y económicos que subyacen a los riesgos y amenazas que enfrentan los defensores.

- Control sanitario de las fronteras: la simple militarización de las fronteras, adoptada por algunos países de la región amazónica, no da  mayor protección para los territorios indígenas, ya que no implementa ningún control sanitario. Además, en algunos casos, el personal militar está involucrado en la promoción de la tala ilegal en la región, lo que plantea más riesgos de infección y violación. Por lo tanto, los movimientos indígenas exigen la mejora del control sanitario de las fronteras, específicamente en las fronteras de Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana y Bolivia, ya que estas áreas presentan actualmente el riesgo más crítico de infección por COVID-19 entre los PIs. 

- Regulación para la protección de datos: aunque los datos del gobierno deben ser abiertos, ya que los ciudadanos son los propietarios finales de la información pública, los datos producidos y recopilados por los pueblos indígenas sobre sus comunidades y territorios, como los recopilados por los "Guardianes y Guerreros de Bosque ”[ver Acciones] - debe adoptar un enfoque diferente. En tales casos, no se deben publicar ni poner a disposición datos sin el consentimiento previo de los pueblos indígenas que los poseen, también por razones de protección legal y digital.

Recursos

- Acuerdo de Escazú: el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) es el marco legal más importante y reciente para la protección de los defensores en la región, y califica los cuatro pilares para una protección efectiva: acceso a la información, acceso a la justicia, participación social y estrategias para la protección total de los propios defensores. Sin embargo, incluso si el Acuerdo es ratificado por los 11 países (mínimo requerido para entrar en vigor, hasta la fecha, 9 países lo han ratificado), su implementación completa dependerá de la definición de mecanismos subnacionales para asegurar su aplicación.

- Programa de defensa de defensores: dirigido por COICA, en coordinación con sus nueve organizaciones indígenas nacionales y con el apoyo de varios aliados, este programa brinda apoyo legal, información y defensa en casos de criminalización de los pueblos indígenas en la Amazonía, y también promueve un sistema de alerta temprana para prevenir violaciones y fortalecer mecanismos de vigilancia.

Para obtener más información, comuníquese con: erojas@hivos.org